La crisis migratoria en la frontera sigue generando cambios en la estrategia de seguridad. En los últimos días, la guardia nacional de Texas ha enviado tropas para trabajar junto con la patrulla fronteriza en El Valle para detener a migrantes que cruzan de manera ilegal.

Bajo órdenes del gobernador, la guardia nacional de Texas ha ampliado su rol en la aplicación de las leyes migratorias en la región. 

Según un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump, los soldados de la guardia nacional ahora están autorizados para arrestar y detener a individuos que ingresen ilegalmente al país participando en la investigación, arresto y detención con fines de deportarlos, como parte de una ley conocida como el título 8.

"Recordemos que el título 8 son consecuencias criminales, en este caso si se registra un cruce ilegal, obviamente eres sujeto al título 8 para la fase final que es la deportación dependiendo del caso", agrega Andrés García, agente de la patrulla fronteriza.

Los elementos de la guardia nacional podrán operar en compañía de la patrulla fronteriza. Esta decisión ha generado diversas reacciones entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos en nuestra región.

"Las agencias de aplicación de la ley a nivel local y estatal no están capacitadas en leyes de inmigración, y eso representa un problema, especialmente cuando los agentes intentan aplicar un enfoque criminal a personas que buscan ayuda humanitaria", agrega Edgar Saldívar, abogado senior de ACLU.

LUPE (La Unión del Pueblo Entero) hace un llamado a la comunidad migrante que conozcan sus derechos y que hacer  en caso de ser interceptados por alguna autoridad federal o estatal.

"Esto es muy importante que la comunidad sepa que no tienen que contestar las preguntas en dado caso de un arresto y que si llegan a sus hogares que no abran la puerta y que no se pueden meter a sus hogares si no es una orden firmada por un juez", agrega Tania Chávez, presidenta y directora ejecutiva de LUPE.

Mientras las autoridades estatales defienden esta medida para garantizar la seguridad de la frontera, las organizaciones de derechos humanos en el Valle del Río de Grande siguen en un debate de cómo esta medida puede afectar a los migrantes de la región.