A partir del viernes, los hospitales de Texas deben preguntar a los pacientes si están legalmente en Estados Unidos y registrar el costo de tratar a personas sin permiso de residencia, tras una orden del gobernador republicano, Greg Abbott, que amplía el conflicto del estado con el gobierno de Biden sobre inmigración.

Los críticos temen que el cambio pueda disuadir a la gente de acudir a hospitales en Texas, aunque no se requiere que los pacientes respondan a las preguntas para recibir atención médica. La medida es similar a una política que debutó el año pasado en Florida, donde el gobernador republicano, Ron DeSantis, también critica con frecuencia la gestión federal de los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los hospitales de Texas llevan meses preparándose para el cambio y han tratado de asegurar a los pacientes que esto no afectará a la atención que reciben.

Esto es lo que debe saber:

Obligación de preguntar, sin obligación de responder

Según el decreto anunciado por Abbott en agosto, los hospitales deben preguntar a los pacientes si son ciudadanos en Estados Unidos y si se encuentran de forma legal en el país.

Los pacientes tienen el derecho de no compartir esa información y los trabajadores del hospital deben indicarles que sus respuestas no afectarán su atención médica, como exige la ley federal.

Rastreo de costos hospitalarios y datos de pacientes

Los hospitales no están obligados a comenzar a enviar informes al estado hasta marzo. Un borrador inicial de una hoja de cálculo hecha por funcionarios estatales de salud para rastrear datos no incluye campos para enviar nombres de pacientes o información personal.

Los centros de salud completarán un desglose de visitas de pacientes de atención hospitalaria y de emergencia y documentarán si tienen permiso para estar en el país, si son ciudadanos o si no tienen autorización legal para permanecer en Estados Unidos.

Los informes también sumarán los costes para aquellos cubiertos por Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como CHIP; y el coste para pacientes sin él.

"Los texanos no deberían tener que asumir la carga de apoyar financieramente la atención médica para inmigrantes ilegales", dijo Abbott cuando anunció la política.

Texas sigue el ejemplo de Florida

Florida promulgó una ley similar el año pasado. Los defensores de la atención médica sostienen que la ley ha hecho que los inmigrantes que necesitan atención médica de emergencia tengan miedo y ha hecho que menos gente busque ayuda, incluso en instalaciones no sujetas a la ley.

Los primeros datos de Florida son —según reconoció el propio estado— limitados. Los datos son registrados por los pacientes. Cualquiera puede negarse a responder, una opción elegida por casi el 8% de las personas admitidas en el hospital y aproximadamente el 7% de las personas que acudieron a la sala de urgencias entre junio y diciembre de 2023, según el reporte estatal de Florida. Menos del 1% de las personas que acudieron a la sala de urgencias o fueron admitidas en el hospital informaron estar en Estados Unidos "de forma ilegal".

Los hospitales de Texas se han estado preparando

Los defensores de los inmigrantes y la atención médica han intentado informar a la población de Texas sobre sus derechos. En Florida, los grupos utilizaron mensajes de texto, carteles y correos electrónicos para difundir la información. Pero los defensores allí han dicho que no vieron disminuir los temores durante aproximadamente un año.

Los proveedores de atención médica recibieron directivas del estado y orientación de la Asociación de Hospitales de Texas.

"La conclusión para los pacientes es que esto no cambia la atención hospitalaria. Los hospitales de Texas siguen siendo un lugar seguro para la atención necesaria", dijo Carrie Williams, portavoz de la asociación de hospitales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.