Los abogados de Lizzelle González, quien demanda al condado Starr y a su fiscal por un cargo de asesinato vinculado a un aborto, argumentaron en una conferencia de prensa que el caso se trata de la presunta violación de sus derechos civiles. 

El cargo de asesinato fue retirado poco después de ser presentado, por lo que González está buscando ahora una compensación de un millón de dólares en su demanda federal de derechos civiles. 

La mujer fue detenida y acusada de asesinato tras utilizar medicación abortiva a las 19 semanas de embarazo. 

La joven de 26 años pasó dos noches en la cárcel.

Pero su detención se produjo meses antes de que el tribunal supremo de los EE.UU. anulara el caso Roe contra Wade y en un momento en que los abortos después de las seis semanas eran ilegales en Texas.

Sin embargo, las personas embarazadas no pueden ser procesadas penalmente por sus propios abortos, según la ley estatal.

La demanda acusa al fiscal de distrito Gocha Ramírez y a su ayudante de engañar a los miembros del gran jurado para poder acusarla penalmente.

"La vida de Lizzelle cambio para siempre. Sus acciones no pueden ser caracterizadas - y no serán caracterizadas como un error." Cecilia Garza, abogada de Lizzelle González.

Hoy nos pusimos en contacto con el fiscal de distrito, quien dijo que no comentara hasta que haya tenido la oportunidad de revisar la demanda.

También nos pusimos en contacto con el juez del condado Eloy Vera, que también se nombra en la demanda, sin embargo, no hemos tenido una respuesta.