SOMERTON, Arizona, EE.UU. (AP) — Uno por uno, una voz anunció los nombres de 169 personas que acababan de ser liberadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los migrantes se levantaron de sus sillas plegables en el almacén de una clínica y caminaron hasta una mesa de trabajadoras uniformadas de azul, quienes les tomaron una muestra bucal.

Sólo dos cubanas dieron positivo a COVID-19 esa mañana de febrero. Fueron colocadas en cuarentena en habitaciones de motel, mientras el resto de los migrantes abordaron autobuses alquilados rumbo al Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix, donde tomarían vuelos a distintos puntos de Estados Unidos.

Estas fueron dos de las apenas siete pruebas diagnósticas de COVID-19 con resultado positivo entre las 5.301 que se realizaron a migrantes liberados el mes pasado en el Centro Regional para Salud Fronteriza cerca de Yuma, Arizona, es decir, una tasa del 0,1%.

Las tasas de infección de COVID-19 están disminuyendo entre los migrantes que cruzan la frontera desde México en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden enfrenta un plazo que vence el martes para poner fin o extender las amplias restricciones al asilo implementadas para limitar la propagación del virus. La disminución en las tasas de infección genera más interrogantes sobre los fundamentos científicos para una orden de salud pública que ha obligado a la expulsión de migrantes de Estados Unidos en más de 1,7 millones de ocasiones desde marzo de 2020 sin otorgarles la posibilidad de solicitar asilo.

Si bien no existe una tasa acumulada para los migrantes, los resultados de las pruebas diagnósticas de varios de los principales corredores de cruces fronterizos ilegales dejan entrever que están muy por debajo de los niveles que han detonado preocupaciones entre las autoridades federales.

En California, 54 de 2.877 migrantes dieron positivo en las dos primeras semanas de marzo, según el Departamento de Servicios Sociales del estado. Esa es una tasa de apenas 1,9% en comparación con su punto más alto de 28,2% el 8 de enero.

En el condado Pima, Arizona, en el que se ubica Tucson, las tasas de pruebas positivas durante siete días entre los migrantes no superaron el 1,3% en los primeros días de marzo y cayeron a 0,9% el 10 del mismo mes.

La tasa de siete días rebasó el 5% en apenas dos ocasiones durante los últimos tres meses del año pasado. Luego, a medida que se esparcía la variante ómicron, aumentó a dos dígitos durante buena parte de enero, alcanzando su punto más alto en 19,2% el 12 de enero, antes de colocarse por debajo del 5% un mes más tarde.

McAllen, Texas, la ciudad más grande sobre el corredor de mayor actividad de cruces ilegales, tiene una tasa más elevada entre los migrantes —9,2% el 2 de marzo_, pero la cifra también va en descenso y es sistemáticamente más baja que la de la población general. Sólo dos de los 24 condados fronterizos han registrado índices elevados en la población general: Hidalgo, donde se ubica McAllen, y Yuma.

La tasa de infección entre los migrantes en McAllen alcanzó su punto más alto de 20,8% la última semana de enero, cuando fue más del doble en comparación con la población general. Se ubicó en su punto más bajo de 1,4% la última semana de noviembre, en un momento en que el índice entre la población general era de 6,2%.

A medida que se han retirado los requerimientos de uso de mascarillas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) se encuentran bajo una creciente presión para que restauren por completo el derecho de asilo poniéndole fin al Título 42, una medida que lleva el nombre de una ley de salud pública de 1944. Los críticos dicen que ha sido una excusa para evadir las obligaciones de asilo que marcan las leyes estadounidenses y tratados internacionales.

Justin Walker, juez de un tribunal federal de apelaciones en Washington, escribió este mes que no estaba "claro que la orden de los CDC tuviera algún propósito" para la salud pública. Walker, quien fue designado al cargo por el presidente Donald Trump, destacó que el gobierno de Biden no ha presentado evidencia detallada que respalde las restricciones.

"En ciertos aspectos, la orden de los CDC parece una reliquia de una era sin vacunas, pocas pruebas diagnósticas, pocos tratamientos y mucha incertidumbre", escribió Walker a nombre del panel de tres jueces.

La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, mencionó el declive en las tasas de infección cuando puso fin a los limites de asilo para los niños migrantes sin compañía de un adulto el 11 de marzo. En agosto, las autoridades fronterizas comenzaron a realizar pruebas diagnósticas a los niños que cruzaron la frontera sin compañía de un adulto en sus zonas de mayor actividad. La tasa de infección cayó a 6% en la primera semana de marzo, luego de alcanzar un pico de casi el 20% en febrero.

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han dicho que las decisiones en torno al Título 42 son responsabilidad de los CDC. Walensky dijo a los reporteros el miércoles que la agencia revisaba los datos en anticipación al plazo de la próxima semana, destacando que su renovación por dos meses a finales de enero fue decidida cerca del punto más alto de propagación de la variante ómicron.

Los argumentos científicos para implementar el Título 42 han estado rodeados de escepticismo desde el principio.

The Associated Press reportó en 2020 que el entonces vicepresidente Mike Pence instruyó a los CDC utilizar sus facultades de emergencia, en contra de la recomendación de los científicos de la agencia que señalaron que no había evidencia de que la medida limitara la propagación del virus.

Anne Schuchat, la segunda funcionaria de mayor rango en los CDC hasta mayo pasado, dijo a los miembros del Congreso tras su salida que los límites al asilo carecían de fundamentos como una medida de salud pública desde su implementación.

"El grueso de la evidencia en ese momento no respaldó esta propuesta de políticas", declaró.

El Título 42 también tiene simpatizantes. En un fallo emitido este mes en una demanda sobre la orden, el juez federal Mar Pittman, en Fort Worth, Texas, señaló: "No debería haber desacuerdo en que las políticas de inmigración actuales deberían estar enfocadas en frenar la propagación del COVID-19".

Incluso mientras se efectuaban expulsiones a gran escala bajo el amparo del Título 42, Estados Unidos procesó más de 2,8 millones de casos bajo las leyes normales de inmigración, las cuales permiten la solicitud de asilo.

Los costos y las relaciones diplomáticas distantes limitan las expulsiones hacia muchos países, por lo que a menudo se libera a los migrantes a grupos no gubernamentales y se les ordena comparecer más adelante ante una corte de inmigración. Los grupos llevan a cabo pruebas diagnósticas de COVID-19.

En El Paso, Annunciation House registró un descenso en las tasas de infección a cerca del 2% entre los 175 migrantes a los que realizó pruebas diagnósticas a diario en marzo, dijo su director Rubén García. Los positivos alcanzaron cerca del 40% en el punto más alto de la variante ómicron, dijo.

En Arizona, en el Centro Regional para la Salud Binacional, las tasas mensuales alcanzaron un máximo de 3% el año pasado.

Aún así, Amanda Aguirre, su presidenta, se muestra renuente a cancelar el Título 42.

"Lo que me preocupa es que en cualquier momento vamos a ver nuevas variantes arribar a esta área", señaló.

La Coalición Humanitaria Fronteriza de Val Verde —que les hace pruebas a migrantes en el área de Del Rio, Texas, la cual tiene mucho tránsito— dijo que durante varias semanas no registró ni un solo caso positivo.

"Ayer hubo un positivo y hoy hubo un positivo, entre cientos de pruebas", escribió el grupo la semana pasada en respuesta a preguntas.

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Ghisolfi reportó desde Palo Alto, California. Angeliki Kastanis contribuyó desde Los Ángeles.