ACLU considera discriminatoria medida estatal contra el contrabando humano en Texas
Esta semana se han debatido varias propuestas legislativas en Texas que buscan castigar a una persona por ser indocumentada.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, celebra un amparo temporal que prohíbe a la Patrulla Fronteriza de cortar alambre de púa instalado en la frontera por la guardia nacional.
Por su parte, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles dicen que varias medidas legislativas podrían discriminar a los hispanos texanos, las cuales tienen la finalidad de controlar la entrada ilegal de personas por la frontera.
"Criminalizan, penalizan nuestro estatus. Dicen que no importa quienes somos, qué hacemos, por causa de donde nacimos que quienes somos podemos ser ilegal y podemos ser rechazados, sacados de los Estados Unidos por el estado de Texas", comentó David Donatti, abogado de ACLU Texas.
El grupo teme que las propuestas H-B 4 y la S-B 4 le dará el poder a la policía de usar una causa probable para detener a una persona sin estancia legal en el país.
A raíz de lo sucedido, el sindicato de la Patrulla Fronteriza piensa que los agentes fronterizos están abrumados por la cantidad de personas pidiendo asilo, y a su vez, dejando al descuido otras partes de la frontera.
"Imagínese los que se escapan de la Patrulla Fronteriza. Imagínese de los criminales que entran a Estados Unidos. Estas personas no se quieren entregar, siguen entrando la droga y el dinero y las armas hacia México", indicó Chris Cabrera, presidente nacional del sindicato de la Patrulla Frontera.
Por consiguiente, Donatti cree que si el estado de Texas trata de detener a una persona por su origen o estancia legal, quienes viven en las fronteras serían los principales afectados.
"Estas leyes empoderan a esos oficiales a mirar el perfil de una persona y decidir que pueden ser ilegal, que no merecen estar ahí, pueden dividir y separar a familias bajo estas leyes", añadió Donatti.
Como conclusión, la propuesta S-B 4, que otorgará una sentencia mínima de 10 años en la cárcel por contrabando humano, fue aprobada por varios diputados locales del Valle, entre ellos, los demócratas de Brownsville y Edinburg Janie López y Bobby Guerra.