Un abogado de inmigración de McAllen forma parte de un grupo que aboga por mantener activa la ley del programa DACA. 

Texas argumenta que la administración del presidente Joe Biden se excedió en la ley al intentar mantener vigente esta política que permite que los dreamers continúen en el país. 

Diana Vargas es madre, maestra en una secundaria, entrenadora y estudiante de derecho.

Cuando Vargas se graduó de la universidad en el año 2012, el entonces presidente Barack Obama anunció la creación del programa DACA. 

Vargas solicitó unirse al programa DACA y poco después se convirtió en beneficiaria. Desde ese entonces, ella ha podido vivir y trabajar de manera legal en los Estados Unidos. 

"Me dio la oportunidad de continuar con mis planes de convertirme en maestra", comentó Vargas. 

Sin embargo, una batalla legal sobre el programa continúa años después. A finales de la semana pasada, Carlos García, abogado de inmigración de McAllen, con otros abogados, presentaron argumentos orales ante el tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans en contra de Texas y otros estados liderados por republicanos sobre porque debe continuar el programa DACA. 

"Ellos van a tener que hacer la determinación normalmente e históricamente se ha tardado unos meses", expresó García. 

La demanda liderada por Texas argumenta que los gastos públicos en cuidado médico y educación para los beneficiarios de DACA le está costando a los contribuyentes de impuestos millones de dólares. 

Los abogados defensores del programa DACA piensan que los estados no han podido comprobar sus afirmaciones. 

"Personas quien están nombrados en el caso son de aquí del Valle del Río Grande", informó García. 

Mediante un comunicado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dice que él piensa que el programa migratorio es ilegal.

Mientras tanto, los abogados están esperando la decisión del tribunal de apelación y esperan que el caso llegue ante la corte suprema.